Ocho ex carabineros y cuatro civiles que formaban parte de la organización criminal desbaratada este año por la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía y la PDI fueron condenados.

Dedicados a los delitos de contrabando, robos con intimidación y cohecho, aún sigue abierta la investigación con relación a cinco ex carabineros y cinco civiles imputados en la causa, incluidos los jefes de la banda y sus principales colaboradores.

Los imputados condenados correspondieron a los “brazos operativos” de la agrupación. Eran carabineros que se encargaban de entregar a los líderes de la banda información acerca de turnos de la garita de control en Huara, advertirles de la presencia de unidades policiales especializadas, y también aceptaban y requerían beneficios económicos indebidos a cambio de facilitar el libre paso de camiones y vehículos cargados con mercadería ilícita de procedencia extranjera, en especial, cigarrillos.

En tanto los civiles condenados realizaban labores operativas y de cobertura, tales como ubicar camiones cargados con cigarrillos que pudieran ser objeto de sustracción, denominadas “mexicanas”; custodiar mercadería apropiada, recepcionar y efectuar pagos y coordinar con los demás miembros de la organización.

Condenas

Todos los imputados ex uniformados fueron condenados por los delitos de cohecho y asociación ilícita, y dos de ellos además por lavado de dinero y contrabando, recibiendo penas que suman para cada uno entre el año y medio y dos años de presidio, además de multas que van entre 500 mil y 3 millones 500 mil pesos. También se decretó el comiso de dos vehículos de los imputados.

Los civiles recibieron condenas todos por asociación ilícita y algunos de ellos por soborno, contrabando y lavado de activos, recibiendo penas no superiores al año y medio de presidio, más multas entre 80 mil pesos y un millón de pesos, y se decretó el comiso de dos vehículos.

Además, todos los ex carabineros y civiles condenados por soborno quedaron inhabilitados para asumir cargos u oficios públicos por el plazo de 7 años. En la audiencia, junto el fiscal del caso Eduardo Ríos, estuvieron presentes los querellantes del Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo de Defensa del Estado. ¡Viva Iquique!